Especialistas urgieron a la comunidad universitaria a unirse en el esfuerzo de visibilizar las consecuencias de la medida.
Por: Valeria Román Ortiz, estudiante de Periodismo y colaboradora de InSagrado
La tercera edición de la Jornada de Ética Periodística que celebra la Escuela de Comunicación Ferré Rangel cada año arrancó el 5 de noviembre con la lupa puesta sobre las prácticas que se han potenciado en el gobierno actual para obstaculizar el acceso a la información, sobre todo a través del Proyecto del Senado (PS 63), que propone enmendar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o Ley 141.
El licenciado Luis José Torres Asencio, catedrático y director del Proyecto de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, afirmó que: “Lo que parece estar detrás (del PS 63) es un interés de controlar el tipo de información que se hace pública, y eso, en un país que se hace llamar democrático, es perverso y también peligroso, porque estamos hablando de un derecho fundamental de la ciudadanía y de los periodistas para divulgar información pública y fiscalizar el que sea el gubernamental”.
En el panel de apertura, titulado Cuando la información deja de ser pública, también participó la periodista y editora en jefe de Metro Puerto Rico, Aiola Virella, quien, a preguntas de la profesora y moderadora Mariliana Torres Pagán, afirmó que esta medida representa un riesgo particular para los medios pequeños, independientes y para periodistas independientes, ya que los procesos legales que podrían surgir a raíz de las nuevas limitaciones implican costos significativos que muchas veces no pueden asumir.
El PS 63, actualmente bajo consideración en la Cámara de Representantes, propone extender los plazos para que las agencias respondan a las solicitudes de información de diez a veinte días laborables en el caso de las oficinas centrales, y de quince a treinta días para las oficinas regionales, con una posible prórroga máxima de veinte días adicionales.
Además, el proyecto limita el derecho del solicitante a exigir formatos específicos de la información (por ejemplo, documentos en Excel) y requiere que toda petición sea notificada no solo al oficial de información de la agencia, sino también a su jefe o director. Asimismo, el presidente del Senado, Thomás Rivera Schatz, añadió una enmienda que exime a las agencias de elaborar documentos solicitados si estos no existen al momento de la petición.
“Este proyecto implica echar aún más para atrás el acceso a la información pública”, insistió Torres Asencio. “Esto no es asunto de periodistas, sino que es un asunto que nos va a afectar a todos a la larga”, concluyó.
Ambos panelistas resaltaron que hay otros aspectos que denotan un aumento en la hostilidad contra la prensa y la labor de informar, y exhortaron al estudiantado a levantar sus voces para defender el acceso a la información, incluso a través de ejercicios frecuentes de solicitud de datos.
“Te vas familiarizando con el proceso de solicitar información y acostumbras a los oficiales de información a trabajar”, señaló Virella.
El evento de apertura incluyó un momento de recordación en honor a los periodistas y trabajadores de medios asesinados en Gaza, que, según el Comité para la Protección de Periodistas suman al menos 238 que murieron en ataques de Israel, al menos 59 de ellos objeto de asesinatos selectivos. La recordación estuvo a cargo de Nadiel Morales, periodista en formación y presidente del Consejo de Estudiantes, y de María de los Milagros Colón Cruz, líder académica de Periodismo.